jueves, 28 de marzo de 2013

¿Cómo debería ser el acuerdo mundial sobre cambio climático de 2015?

La Comisión Europea adoptó ayer un documento consultivo con el que se lanzará un debate público sobre cómo debe ser el nuevo acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático.

Esta comunicación consultiva plantea cuestiones fundamentales y recaba la opinión de las partes interesadas en torno al nuevo acuerdo, que deberá estar listo para finales de 2015 y aplicarse a partir de 2020.
Connie Hedegaard, comisaria europea de Acción por el Clima, ha declarado lo siguiente que "en Copenhague, los líderes mundiales establecieron el objetivo de mantener el calentamiento planetario por debajo de los 2°C, con el fin de evitar las repercusiones más graves del cambio climático. Fue un gran acierto. Pero, según vemos cómo el mundo se aleja día a día de este objetivo, es necesario hacer algo más. Se necesita una mayor colaboración por parte de todos. Para alcanzar el éxito es preciso un ambicioso acuerdo internacional en el que todas las economías más importantes se comprometan a tomar medidas con arreglo a sus capacidades actuales y futuras. El presente documento se propone dar forma a la posición de la UE y contribuir al logro de un acuerdo lo más sólido posible en 2015".
La comunicación consultiva reclama la colaboración de las partes interesadas, los Estados miembros y las instituciones de la UE para que den su opinión sobre cómo diseñar el acuerdo de 2015, que establecerá el régimen internacional de lucha contra el cambio climático a partir de 2020.
La consulta pública tendrá lugar hasta el 26 de junio. El 17 de abril se celebrará en Bruselas una conferencia de las partes interesadas.
Aumento de temperatura por debajo de los 2°C
Los miembros de Naciones Unidas lanzaron las negociaciones sobre el nuevo acuerdo climático a finales de 2011 en Durban. La consulta pública coincide con una intensificación de las negociaciones que está teniendo lugar este año.
El acuerdo de 2015 deberá aunar el actual cúmulo de disposiciones vinculantes y no vinculantes que contienen la Convención Marco de las Naciones Unidas y el Protocolo de Kioto en un régimen único y global. Mientras que la UE, algunos otros países europeos y Australia han contraído un segundo compromiso jurídicamente vinculante en el marco del Protocolo de Kioto, otros 60 países de todo el mundo se han adherido a diferentes tipos de compromisos no vinculantes destinados a reducir o limitar el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Impulsar las ambiciones antes de 2020
De forma simultánea a las negociaciones internacionales en torno al acuerdo de 2015, se han lanzado negociaciones paralelas en el contexto de la Plataforma de Durban para buscar la forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo antes de que el acuerdo entre en vigor en 2020. Esto refleja el reconocimiento de que existe un abismo entre las promesas de emisión de los países para 2020 y lo que es necesario para enderezar el camino hacia un mantenimiento del calentamiento global por debajo de los 2°C.
Aunque la comunicación consultiva se centra en el acuerdo de 2015, hace hincapié en que las medidas que se tomen antes de 2020 serán fundamentales para orientar las políticas de tal forma que el acuerdo sea un éxito.

viernes, 22 de marzo de 2013

Se resiente la sostenibilidad del sistema energético español

La Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, resultado del acuerdo entre la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y BP España, ha presentado las conclusiones del Informe 2012 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad, en el que señala que la sostenibilidad del sector energético español ha empeorado, destacando entre los principales motivos el aumento de las emisiones de CO2 y de otros contaminantes.

El informe ha sido presentado por Pedro Linares e Ignacio Pérez Arriaga, responsables de la cátedra. El Informe 2012 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España señala que en 2011, el sector energético español consumió 5,85 exajulios de energía primaria y emitió 264 millones de toneladas de CO2, generando un valor añadido de 20.400 millones de euros (correspondiente a un 2% del PIB).
Los investigadores de la cátedra concluyen que la sostenibilidad del sector energético español ha empeorado, destacando entre los principales motivos el aumento de las emisiones de CO2 y de otros contaminantes, la dependencia energética del exterior y la reducción del valor añadido generado por el sector.
Por otro lado, los aspectos más positivos, como la bajada de la intensidad energética y del consumo de energía ,quedan ensombrecidos al venir asociado el segundo de ellos fundamentalmente a la reducción de la actividad económica.
Las emisiones de CO2 aumentaron el 2% en 2011, mientras que el nivel de dependencia exterior llegó hasta el 84%, debido al aumento en el uso del carbón, importado en su mayoría. La participación de las energías renovables en el sistema se Otra de las principales conclusiones es que, a pesar de que la movilidad de pasajeros sigue disminuyendo, el transporte sigue siendo el sector que más energía consume, un 26%, y el que más emisiones de CO2 causa, un 28%. Por tanto, este sector sigue siendo prioritario en cuanto al diseño de políticas sostenibles.
El informe también llama la atención sobre el hecho de que, si bien la intensidad energética se redujo, España sigue por encima de los niveles de los países su entorno.
Retos del modelo energético español
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el modelo energético español presenta importantes desafíos. En este sentido, las instituciones políticas y regulatorias tienen por delante grandes retos para la consecución de un marco regulatorio estable que confluya en un modelo energético sostenible, teniendo en cuenta, a corto plazo, la prioridad del ahorro y, a largo plazo, conseguir un sistema energético basado en una economía baja en carbono.
A pesar del mal comportamiento de los indicadores de sostenibilidad del sector energético español, España continúa sin contar con una política energética estable, que proporcione señales adecuadas a los agentes, y que contribuya a avanzar hacia la sostenibilidad del sector.
En este sentido, las políticas planteadas en 2012 no han mejorado la situación, ya que siguen caracterizándose por la improvisación, inseguridad jurídica y falta de transparencia. Sigue siendo clave contar con un régimen estable de apoyo a las energías renovables, que otorgue la prioridad requerida a las políticas de ahorro y eficiencia energética, que regule las emisiones difusas de CO2, y sobre todo, que aporte una visión de largo plazo que permita formular políticas estables y sostenibles.