El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, que principalmente afecta a la solar y que incluye una serie de cargos, cuyos detractores conocen como "impuesto al sol". La intención del Ejecutivo, según ha explicado el ministro de Industria, José Manuel Soria, es "impulsar" la cercanía entre la producción y la generación de electricidad. También supone, según el ministro, un "nuevo impulso a las renovables". Este argumento, sin embargo, contrasta con la opinión de las asociaciones de energías renovables, los partidos políticos de la oposición y asociaciones de consumidores y ecologistas, que acusan al Gobierno de poner trabas al desarrollo del autoconsumo en España y de proteger los intereses de las grandes eléctricas.
Para defender los cargos que se le imponen a aquellos que cuenten con una instalación de placas en su domicilio o en su negocio, Soria ha argumentado que aquellos que opten por el autoconsumo -y se enganchen a la red- deben contribuir a "pagar los costes del sistema" y a saldar la deuda que acumula este sector. "El autoconsumidor contribuye como cualquier otro consumidor", ha indicado el ministro.
El autoconsumo con placas independiente de la red eléctrica en este momento no es viable en la inmensa mayoría de los casos. Este sistema, al depender del sol, necesita del respaldo de la red para poder abastecerse cuando las placas no generan electricidad.
En el real decreto aprobado este viernes, se establecen dos categorías de autoconsumidores enganchados a la red: los pequeños -con instalaciones de menos de 100 kilovatios- y los grandes, que superan ese límite. Según ha explicado el ministro, los pequeños podrán verter a la red el sobrante de la energía que generen, aunque no recibirán ni un euro por ello. A los mayores sí se les pagará por el sobrante. El precio, según el ministro, será el que marque el mercado a la hora a la que se suelte la energía a la red.
José Donoso, director de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), ha criticado que el Gobierno no haya incluido la regulación del balance neto en el decreto. Esto supondría que todos los autoconsumidores podrían recuperar de la red, sin coste alguno, la energía que han vertido. Donoso, además, critica que los "impuestos al sol", en referencia a los diferentes cargos, hacen que un hogar medio solo pueda recuperar la inversión que supone instalar las placas en 16 años. "Sin esos peajes y con balance neto se tardaría entre 12 y 13 años", afirma Donoso.
En el caso del sector servicios, ese umbral estará con el decreto en 12 años, frente a los 5,5 que se tardaría con el modelo propuesto por UNEF. Y en el caso de una pyme, la rentabilidad se lograría en siete años y medio, frente a los 4,5 del sistema que propone esta asociación. Donoso se ha quejado de que el sistema ideado por Industria supone que un autoconsumidor "pague el doble que un consumidor normal" en concepto de peajes.
El ministro ha resaltado que el Consejo de Estado ha refrendado el contenido del real decreto ya que está en consonancia con el "marco legal vigente". Sin embargo, este proyecto ha estado rodeado de polémica y ha recibido duras críticas desde diferentes sectores. En 2013, Industria presentó un primer borrador, que estuvo guardado en un cajón hasta este año. Desde entonces, el ministerio ha ido modificando y suavizando las trabas al desarrollo del autoconsumo.
Una de las últimas modificaciones ha sido liberar de parte de los cargos a "los consumidores en las islas" y a los "pequeños consumidores de potencia contratada hasta 10 kW". En el caso del sistema insular, el ministerio argumenta que "el autoconsumo sí permite reducir el coste de generación en estos territorios, suponiendo un ahorro para el conjunto de los consumidores".
La oposición política en bloque firmó en junio un manifiesto en el que se pedía la "retirada de la propuesta del Gobierno de real decreto" sobre el autoconsumo eléctrico. Los firmantes, entre los que también hay organizaciones no gubernamentales, sindicatos y asociaciones empresariales, consideraban que la norma, que finalmente se ha aprobado este viernes, impone "peajes injustos" y trabas administrativas. El manifiesto también señalaba que, en el caso de aprobarse el real decreto, los firmantes se comprometían a "contribuir a derogarlo y a crear con la máxima urgencia una normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo"
